¿IMPUESTOS A ALIMENTOS NO SALUDABLES?

¿Qué opináis, deberían de pagar impuestos mayores los alimentos que no son saludables?

Yo creo que sí, y de hecho ya se aplican.

Hay una larga historia del uso de estas medidas con el objetivo de modificar conductas relacionadas con la salud, encontrando los ejemplos más clásicos en los impuestos para el alcohol y el tabaco. Pero la idea de aplicar tasas a los alimentos menos saludables es de hace unos 20 años, pero las primeras acciones legislativas en este sentido no han tenido lugar hasta 2009 en EEUU, en gran parte impulsadas por dos artículos muy influyentes que se publicaron ese mismo año (Brownell et al., 2009; Brownell y Frieden, 2009).

En la actualidad existe ya una visión de estas políticas más internacional. En 2012 el gobierno danés introdujo un impuesto para los alimentos con alto contenido en grasas denominado fattax (Glaser, 2010). El mismo año Rumanía propuso un impuesto para la comida basura (Holt, 2010). Además de algunos estados de EEUU, países como Australia, Canadá, Finlandia o Noruega han puesto en marcha impuestos para las bebidas azucaradas.  

Ya está dado el primer paso, y ese es el que más cuesta.

Existen revisiones recientes que aportan evidencia tanto experimental como de actuaciones puestas en práctica en escenarios reales, que sugieren que el cambio en los precios de los alimentos puede modificar las opciones de compra de determinados alimentos (Andreyeva, Long y Brownell, 2010; Epstein et al., 2012; Thow et al., 2010). Y comienza a haber un interés cada vez mayor por este tipo de medidas. Una reciente revisión realizada en Canadá, basada tanto en la revisión de la literatura sobre el tema como en la consulta con expertos sobre este tipo de medidas, concluyó que hay evidencia consistente de que las políticas de precios sobre alimentos y bebidas puedan afectar a la reducción de tasas de obesidad, aunque también se constata la existencia de muy pocos estudios que hayan examinado el impacto de medidas económicas para promover la actividad física, por lo que resulta difícil establecer recomendaciones políticas en este sentido (Faulkner et al., 2011). Concretamente, se formulan tres recomendaciones basadas en pruebas empíricas y en las opiniones de expertos: (1) revisar las nuevas políticas agrícolas para reducir la posibilidad de que estas políticas puedan tener un impacto nocivo en las tasas de obesidad de la población; (2) aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas; (3) estudiar cómo aplicar ayudas a la compra de frutas y hortalizas para niños y familias de bajos ingresos.

En conclusión, estamos dando palos de ciego como se diría comunmente para intentar frenar los TCAs en el mundo indrustrializado, tenemos muy poco conocimiento para poder identificar qué tipo de políticas públicas e intervenciones comunitarias pueden resultar más efectivas para intentar reducir las tasas, pero estamos trabajando en ello.

 Recientemente se ha conducido un estudio con el objetivo de identificar las principales barreras y facilitadores para implementar políticas regulatorias dirigidas al ambiente alimentario en el gobierno australiano (Shill et al., 2012). Las intervenciones más comunes sugeridas por los representantes entrevistados de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales fueron: la regulación del marketing de los alimentos no saludables; limitar la densidad calórica de los alimentos ofrecidos en restaurantes de fastfood; reformas en los precios, rebajando los precios de frutas y verduras e incrementando el de los alimentos no saludables; y mejoras en el etiquetado de los alimentos.

¿Crees que las medidas anteriores conseguirían su efecto?